La pügna de poderes en Ecuador alcanzó un nuevo capítulo la noche del viernes, cuando la Corte Constitucional suspendió de forma cautelar la convocatoria realizada por el presidente Daniel Noboa para impulsar un referéndum consultivo que buscaba abrir paso a una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución.
La medida se adoptó luego de que el tribunal admitiera a trámite cinco demändas de inconstitucionalidad presentadas apenas horas después de que Noboa sorprendiera al país al anunciar la consulta popular, sin contar con el dictamen previo de la Corte, requisito indispensable según la actual carta magna.
En su comunicado, los magistrados subrayaron que la decisión fue tomada para “evitar efectos irreversibles que puedan amenäzar la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de los ecuatorianos”.
De acuerdo con la normativa vigente, ningún referéndum puede ser convocado sin que antes la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de las preguntas planteadas. Noboa omitió ese paso, lo que desató críticâs inmediatas y abrió un nuevo frente de confrontación con los jueces, a quienes en los últimos meses ha acusado de ejercer “activismo político” y frenar sus medidas más polémicas.
El tribunal, por su parte, aclaró que respetar la Constitución no equivale a bløquear al Ejecutivo ni a oponerse al pronunciamiento ciudadano, sino a garantizar que los procesos se ajusten al marco legal. “La Corte no es enëmiga del pueblo. Es guardiana de sus derechos”, enfatizó la institución.
El llamado a una Constituyente fue una de las banderas de campaña de Noboa, quien tras ganar la reelección en abril para el periodo 2025-2029, ha insistido en reemplazar la carta magna vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017). Sin embargo, esta iniciativa se produce en un contexto político y social convulso.
La decisión del mandatario de elimïnar el subsidio al diésel, que hizo que el precio del galón pasara de 1,80 a 2,80 dólares, encëndió prøtestas lideradas por el movimiento indígena y otras organizaciones sociales. En respuesta, el Gobierno declaró el estado de excepción en ocho provincias e impuso toques de queda nocturnos en cuatro de ellas, advirtiendo además que aplicará cargos de terrørïsmõ contra quienes bløqueen carreteras.
En las últimas semanas, Noboa ha encabezado incluso manifestaciones contra los jueces constitucionales, acusándolos de obstaculizar sus planes de seguridad y de debilitar el respaldo legal a policías y militares que enfrentan al crïmën organizado.
Con información de: EFE
