Este domingo 1 de febrero, aproximadamente 3,7 millones de costarricenses están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. La jornada se desarrolla en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la expansión del narcøtráfico y la viølencia, temas que han desplazado la agenda económica tradicional.
En este escenario, la candidata oficialista Laura Fernández propone medidas de mano dura, incluyendo la construcción de una megäprisión inspirada en modelos regionales de control de pändillas y la implementación de estados de excepción en sectores cønflictivos, buscando una mayoría legislativa de 40 escaños para reformar los poderes del Estado.
Por su parte, la oposición planteó visiones alternativas que subrayan la protección de las garantías individuales y la estabilidad social del país. Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), advirtió sobre el riêsgo de derivar en prácticas autoritarias, mientras que Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, aboga por una estrategia integral que combine la operatividad policial con programas de prevención y educación para los jóvenes.
Mientras los sondeos sugieren una inclinación hacia la continuidad de la línea del actual gobierno de Rodrigo Chaves, el alto porcentaje de ciudadanos indecisos, cifrado en un 26%, mantiene abierta la posibilidad de una segunda vuelta programada para el 5 de abril. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) supervisa la votación en todo el territorio.
Con información de: DW
Foto: Jeffrey Arguedas (EFE)
