Los gobiernos de Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica tomaron distancia del acuerdo internacional enmarcado en la Convención sobre las Especies Migratorias que busca prohibir la captura de cinco especies amenazadas de tiburones zorro y martillo. La postura asumida por estas cuatro naciones genera profunda preocupación entre ambientalistas y científicos, quienes advierten sobre las graves consecuencias que representa este freno para los esfuerzos globales de conservación marina y la recuperación de poblaciones migratorias en peligro crítico de extinción.
La decisión de estos países contrasta de manera directa con el escenario crítico que atraviesa la región en materia de fauna marina, donde proliferan el tráfico de aletas, la pesca indiscriminada y el comercio ilegal. En Perú, por ejemplo, las autoridades ejecutaron un operativo en dos almacenes de la empresa Lamarqocha Inversiones S.A.C., logrando la histórica incautación de 41 toneladas de aletas secas de tiburón protegidas por CITES, un cargamento valorado en más de 20 millones de dólares para el cual habrían sido sacrificados unos 41 mil ejemplares.
A pesar de que las directrices internacionales establecidas desde junio de 2026 exigen frenar las capturas, reducir amenazas y resguardar los hábitats marinos, las reservas presentadas por estos cuatro estados sudamericanos y centroamericanos obstaculizan los avances del tratado multilateral. Entre tanto, las organizaciones ambientalistas continúan documentando delitos ambientales vinculados al crimen organizado y al tráfico ilegal de especies silvestres en la región pacifico-latinoamericana.
Noticias 24 horas / Fabiana Almeida
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