El Gobierno de Cuba ha dado un paso sin precedentes en su modelo económico al permitir la creación de empresas público‑privadas tras publicar un decreto‑ley que marca un cambio significativo en la manera de administrar la economía insular. Esta medida se da en el contexto de una profunda crisis económica y refleja una apertura hacia fórmulas mixtas que combinan el capital estatal con la iniciativa privada, buscando afrontar los retos que enfrenta la isla tras décadas de un modelo centrado casi exclusivamente en la gestión estatal.
La nueva normativa autoriza la conformación de asociaciones entre empresas estatales y actores privados, lo que permitirá a estas entidades mixtas decidir sobre qué bienes o servicios ofrecer, establecer precios y gestionar sus propios ingresos y plantillas. Este esquema representa una ruptura con casi 70 años de rígido control estatal sobre la actividad económica, y responde, según las autoridades, a la necesidad urgente de transformar el modelo productivo ante presiones internas y externas.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, ha destacado que estas alianzas entre lo público y lo privado son esenciales para introducir dinamismo en la economía y aliviar la escasez de productos básicos que afecta a gran parte de la población. La medida también llega después de llamados dentro del propio gobierno para “cambios urgentes” en el modelo económico frente a la prolongada escasez de combustibles y otros recursos que golpean a la isla.
Aunque esta apertura representa un hito, expertos señalan que el control estatal no desaparecerá. Las nuevas empresas mixtas deberán operar bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Planificación, que mantendrá la potestad de aprobar y regular estas asociaciones.
Esto Cuba abre una nueva etapa económica al autorizar empresas público‑privadas por primera vez en casi siete décadassugiere que la liberalización será más estructural que ideológica, permitiendo cierto margen de operación, pero sin renunciar al papel dominante del Estado en sectores estratégicos.
La reforma constituye una respuesta a presiones económicas que incluyen la escasez energética, altos costos de importación y el impacto de sanciones internacionales. Al legalizar estas formas de colaboración, el Gobierno busca estimular la producción, atraer inversiones y aliviar algunas de las carencias que han marcado la vida cotidiana de los cubanos durante años.
Con información de: El Nuevo Heraldo
