Tras cumplirse su primer mes en el poder, el presidente Abelardo de la Espriella impulsa un agresivo plan de austeridad que contempla reducir el gasto público en un 40% y generar un recorte cercano a los 20 billones de pesos colombianos. La estrategia contempla la revisión minuciosa de la contratación estatal y la nómina pública, al tiempo que elimina el impuesto al patrimonio para estimular la inversión del sector privado.
En política exterior e institucionalidad, la nueva administración oficializó el cierre de 14 embajadas, la fusión de varias misiones y el traslado de la sede diplomática en Israel a Jerusalén. Asimismo, concretó la liquidación del despacho del Alto Comisionado para la Paz para transferir sus funciones a una Consejería de Seguridad, medida que provocó cuestionamientos de la oposición y reclamos de excombatientes sobre las garantías para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
El inicio del periodo gubernamental también ha estado marcado por la tensión en el ámbito de los derechos humanos y la seguridad. Organizaciones políticas y la Defensoría del Pueblo instaron al mandatario a frenar la escalada de violencia en el discurso oficial y a mantener el actuar del Estado dentro de los estrictos límites de la legalidad frente a los grupos armados al margen de la ley.
A estos cambios de rumbo se suma el reto financiero y logístico provocado por el terremotø de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, que dejó más de 300 muertos y severas afectaciones en infraestructura vial, hospitalaria y educativa. La administración activó los mecanismos de reconstrucción prioritaria con apoyo de la cooperación internacional, reafirmando que la gestión de la emergencia se ejecutará bajo el liderazgo exclusivo del Gobierno colombiano.
Foto cortesía Presidencia de Colombia
