La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, enfatizó que la función esencial de la institución radica en garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, al margen de la índole de la infracción cometida o del estatus socioeconómico de los procesados.
Durante su intervención en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal realizada en el estado Cojedes, la funcionaria sostuvo que el organismo que encabeza no hace distinciones entre delitos comunes o de carácter político, debiendo tutelar las garantías de cada individuo a lo largo del procedimiento judicial.
González Lobato señaló que la construcción de un sistema penal con perspectiva humanista debe situarse como el pilar fundamental del proceso de reforma institucional que se adelanta en el país. En esa línea, insistió en la necesidad prioritaria de revisar exhaustivamente la proporcionalidad de las sanciones aplicables, ajustando el marco normativo vigente a los trasformaciones y dinámicas recientes que exhibe la actividad delictivâ en el territorio nacional.
La representante del órgano defensorial abogó por un modelo de justicia estricto que determine responsabilidades individuales, pero que paralelamente resguarde el principio de presunción de inocencia y la posibilidad de afrontar los juicios bajo medidas en libertad. Asimismo, remarcó la relevancia de impulsar programas de reinserción social efectiva y resiliencia para adolescentes y jóvenes que hayan entrado en conflicto con la legislación penal.
Foto cortesía Defensoría del Pueblo
