El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció la revocación de visados y la imposición de restricciones de ingreso a altos funcionarios e individuos de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.
Según el comunicado emitido por el Departamento de Estado, las sanciones responden a acusaciones de corrupcïón, vínculos con el narcotráficö y acciones orientadas a socavar gobiernos elegidos democráticamente en la región latinoamericana.
Bolivia encabeza la lista de afectados con la sanción explícita a trece cargos, excargos y empresarios, entre los que figuran el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Campero.
Las medidas administrativas, amparadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, restringen el acceso a territorio estadounidense tanto a los señalados como a sus familiares directos, al tiempo que declaran inelegibles para futuras solicitudes a otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseían visado.
La resolución del Ejecutivo estadounidense alcanza asimismo a actores políticos y judiciales de otros países sudamericanos, incluyendo a la senadora colombiana Martha Isabel Peralta, el empresario Euclides Torres y el juez peruano Juan Carlos Núñez. Desde el Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, enfatizaron que esta medida busca enviar un mensaje contundente contra la impunidad y prohibir la entrada a EE. UU. a funcionarios e intermediarios vinculados a actos de corrupción.
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