El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) acordó de manera unánime exhortar a la Fiscalía General de la República a iniciar una investigación penal sobre la gestión de la exrectora Cecilia García Arocha. La decisión se tomó tras evaluar un alarmante informe presentado por la Comisión de Contraloría interna, el cual expone severas inconsistencias administrativas y financieras durante los últimos años de su mandato al frente de la casa de estudios.
Ante el deterioro de los activos universitarios, las autoridades actuales determinaron que la vía judicial es indispensable para esclarecer el destino de los recursos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.
Este movimiento marca un hito en la política interna de la UCV, que busca transparentar las cuentas institucionales tras la renovación de sus autoridades en las elecciones pasadas. Gremios profesorales y movimientos estudiantiles han respaldado la solicitud, exigiendo que se rinda cuentas sobre el presupuesto asignado, los ingresos propios generados por la universidad y el estado real de los fondos destinados a la previsión social de los trabajadores.
Con información de Correo del Caroní
