A pocas horas del inicio de las manifestaciones convocadas por sectores de la oposición y centrales obreras, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1525 de 2026. La medida establece un nuevo marco normativo para la regulación de la protesta social en el país, en un contexto de creciente tensión política y movilización ciudadana.
Durante una alocución en televisión nacional, De la Espriella afirmó que la protesta social es un derecho constitucional, pero enfatizó que «no autoriza a agredir a otros ciudadanos, destruïr bienes ni bloquear servicios de emergencia». Como parte de los nuevos protocolos de supervisión, el mandatario dispuso que la fuerza pública acompañe las marchas guardando una distancia mínima de cuatro metros respecto a los manifestantes.
Asimismo, el decreto respaldado por De la Espriella faculta la intervención directa de las fuerzas de seguridad ante el porte de armäs, explosivøs, agresionës o retenes ilegalës, al tiempo que garantiza esquemas de protección para misiones médicas, prensa y servidores públicos. El mandatario subrayó que el esquema busca prevenir hechos de violenciä sin coartar el ejercicio legítimo de la manifestación.
El impact de este nuevo marco para la protesta social se evalúa durante las marchas convocadas en Bogotá, Cali y Medellín por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esta coyuntura coincide con el impulso del gobierno de De la Espriella a proyectos clave en el Congreso, incluyendo un estatuto antiterroristä y una ley de sometimiento para grupos armadøs.
Foto cortesía Presidencia de Colombia
