En un paso decisivo hacia la erradicación de la violencia de género, el Senado de la República aprobó este martes, por unanimidad de 109 votos, una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta modificación faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General sobre Femįnicïdio, estableciendo un marco jurídico único que obligará a los 32 estados de la federación a actuar bajo los mismos estándares de justicia.
La reforma busca eliminar los vacíos legales y las diferencias en los códigos penales estatales que, históricamente, han fomentado la impunidad. Con esta nueva facultad, el Estado mexicano podrá:
Homologar el tipo penal: Garantizar que el feminïcidio se investigue y sancione con la misma severidad en todo el país.
Articulación gubernamental: Fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno para la prevënción y persecución del dëlítô.
Cero tolerancia: Establecer sanciones rigurosas que cierren el paso a interpretaciones judiciales que revictimizan a las mujeres.
El dictamen destaca por su profundo sentido humanitario al elevar a rango constitucional la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por feminïcidio. El Estado asume ahora la obligación de garantizar una reparación integral, que incluye:
1. Servicios de salud y acompañamiento psicológico especializado.
2. Acceso garantizado a la educación.
3. Apoyo económico y social para evitar el desamparo tras la pérdida de la madre.
Según datos recientes de la ONU, en México son asesinädas 12 mujeres cada día, y el 90% de estos crímënes ocurren dentro del entorno familiar o de confianza. Sumado a esto, más de 10.6 millones de mujeres enfrentan viølencia digital y una de cada cuatro ha sido víctïma de intimidación sexüal.
La Comisión de Puntos Constitucionales calificó la medida como una «trascendencia histórica», subrayando que el sistema de justicia ya no puede permitirse fallar a las víctimas ni a las familias que hoy enfrentan una «silla vacía».
Tras esta aprobación unánime, el dictamen continuará su proceso legislativo para la creación de la Ley General, la cual definirá los protocolos específicos de actuación para todas las fiscalías del país, marcando el inicio de una nueva era en la protección de los derechos de las mujeres y niñas en México.
Con información: VN
