España celebra el Día Internacional del Trabajo con un objetivo claro: la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 37,5.
El debate todavía está abierto, pero la medida se recoge en el pacto de Gobierno firmado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su socio en la coalición de Gobierno, Sumar.
La líder de esta formación, Yolanda Díaz, que ocupa los cargos de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ya ha anunciado que la reducción se hará en dos pasos: primero con una disminución hasta las 38,5 horas en este mismo ejercicio, para alcanzar el objetivo de las 37,5 horas en 2025.
El frente continúa abierto porque, aunque Díaz cuenta con el total apoyo de los sindicatos, quiere sumar a este acuerdo a las patronales. Los llamamientos están siendo constantes y la ministra ya ha avisado de que está dispuesta a seguir adelante incluso si finalmente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no se adhiere al pacto.
La idea es cerrarlo antes del verano para que su aplicación pueda entrar en vigor antes de que termine el año. La reducción de las horas trabajadas se hará sin rebaja en el salario, un punto clave que lo separa de otras propuestas de este cariz.
La primera reducción beneficiará aproximadamente a un 55 % de los trabajadores que tienen convenio colectivo, quienes verán efectivamente reducida su jornada de trabajo, mientras que la segunda rebaja tendrá un alcance mayor, afectando a nueve de cada diez trabajadores.
Podemos, formación que se presentó a las elecciones bajo el paraguas de Sumar pero que posteriormente salió de la disciplina de su grupo parlamentario para pasar al grupo mixto, es aún más ambicioso: reclama que la jornada se establezca en las 35 horas, la misma que disfrutan los trabajadores franceses desde hace años.
De hecho, este sería el objetivo final de la propia Díaz, si bien se ha trazado un camino escalonado para alcanzarlo, esperando poder evaluar positivamente las repercusiones de los primeros pasos.
En cualquier caso, la iniciativa deberá sortear una traba más: el visto bueno del Congreso de los Diputados. El Gobierno logró armar una frágil mayoría para respaldar la investidura del presidente Pedro Sánchez, que deberá ahora apoyar la norma laboral.
Entonces las críticas que lanzaba la patronal, con más virulencia que ahora, eran similares a las actuales y hacían hincapié sobre todo en que se acabaría destruyendo empleo. Algo similar a lo esgrimido ante la última reforma laboral y las subidas decretadas anualmente por el Gobierno de Sánchez del salario mínimo interprofesional (SMI). Sin embargo, el número de trabajadores no ha parado de crecer en los últimos años mientras el SMI lo hacía un 54 % desde 2018.
Con información de El Universal
