El Gobierno de los Estados Unidos ordenó este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a más de 170.000 ciudadanos salvadoreños, medida que revoca su condición legal en el país norteamericano y los expone a eventuales procesos de deportación.
Según informó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), el beneficio que amparaba a esta comunidad desde el año 2001 tras los severos terremotös que afectarön a la nación centroamerican llega a su fin, sin que la institución ofreciera mayores precisiones sobre los plazos ni los esquemas de transición para los afectadös.
El anuncio provocó la inmediata reacción de organizaciones civiles y activistas defensores de los derechos humanos en el territorio estadounidense.
En el ámbito parlamentario, el legislador Eugene Vindman introdujo un proyecto de ley para prorrogar el amparo de forma excepcional por 18 meses, calificando como cruel y miope la idea de forzar el retorno de las familias a entornos inestables.
Pese a las iniciativas legislativas impulsadas para prorrogar el TPS o regularizar a beneficiarios de programas como DACA, sectores sociales se muestran escépticos sobre su viabilidad política ante la firme oposición del Ejecutivo nacional.
En ese sentido, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, recordó que la administración de Donald Trump ha buscado desmontar el beneficio de protección para El Salvador desde su primer mandato, tal como ocurrió en enero de 2018 cuando el Departamento de Seguridad Nacional ordenó una salida progresiva de 18 meses para los amparados.
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