Una jueza federal del distrito de Nueva York, Jennifer L. Rochon, dictaminó la emisión de una orden de restricción temporal que exige suspender de inmediato todos los anuncios televisivos financiados con dinero público destinados a promocionar la figura y políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La resolución judicial se produce tras la demanda interpuesta por una coalición de organizaciones liderada por el grupo de vigilancia independiente Common Cause. Los polémicos contenidos publicitarios, emitidos desde finales de septiembre de 2026, mostraban al mandatario advirtiendo sobre el comunismo y una «batalla final» contra los «globalistas», incluyendo la firma oficial de que fueron pagados por el Gobierno estadounidense.
La jueza Rochon calificó la campaña publicitaria como un uso ilegal de los fondos públicos y prohibió la celebración, renovación o extensión de cualquier contrato relacionado con la difusión o emisión de dichos espacios durante las dos semanas de vigencia de la orden.
Por su parte, el Departamento de Justicia argumentó ante el tribunal que la medida era innecesaria, afirmando que la campaña finalizaría de forma inminente. Trump, aunque defendió los contenidos como una «promoción positiva» del país, señaló recientemente que dejarán de financiarse con el dinero de los contribuyentes.
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