El Gobierno de España aprobó dos nuevos decretos de leyes con medidas para enfrentar la crisïs de precios en el sector inmobiliario, tras la derogación de los textos anteriores en el Congreso por falta de respaldo parlamentario.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, destacó que estas normativas conservan la esencia de las propuestas rechazadas por la oposición y el grupo independentista Junts, incorporando nuevos mecanismos de protección. El rechazo legislativo devino en el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, en medio de intensas manifestaciones sociales por el derecho a una vivienda digna.
Entre las novedades legislativas figura una línea de financiamiento público de 10.000 millones de euros destinada a otorgar préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la compra de primera vivienda, junto con deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta para inquilinos e incentivos para pequeños propietarios. Asimismo, los decretos prorrogan por hasta dos años los contratos de arrendamiento vigentes, limitan el incremento de los precios de alquiler, regulan las modalidades de temporada o por habitaciones y restringen la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión.
Las normativas entrarán en vigor de forma inmediata tras su publicación, pero deberán someterse a la ratificación de la Diputación Permanente del Congreso dentro de los próximos 30 días debido a la disolución de las Cortes. Sánchez reiteró el compromiso gubernamental de expandir el parque de vivienda pública, frenar los desahucios y mantener la intervención en el mercado inmobiliario para mitigar los efectos de la especulación financiera en el país.
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