Una jueza federal suspendió el intento del Gobierno de Trump de acelerar la deportâción de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través de programas de parole (o autorizaciones de permanencia humanitaria), lo que representa una victoria para los grupos defensores de los derechos de los extranjeros.
El fallo impide temporalmente que el Gobierno deporte a personas a quienes se les concedió parole en los puertos de entrada y que posteriormente fueron detenïdas a pesar de tener documentos válidos, empleos u otras formas de alivio pendientes.
“En un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas”, escribió la jueza Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden. “Ahora, el Gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que también ha cambiado las reglas para las personas con parole que ya se encuentran aquí”.
“La pregunta subyacente de este caso… es si las personas con parole que escaparon de la opresïón tendrán la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de reglas”, escribió Cobb. ”En su opinión, Cobb dictaminó que la política probablemente vïôlä el estatuto de deportación acelerada y es “arbitraria y caprichosa” según el derecho administrativo. La suspensión permanecerá vigente mientras se tramite la demânda.
La orden formal suspende la aplicación de tres directivas de la era ofensivä y radïcâl de Donald Trump: un memorando de Seguridad Nacional de enero, una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de febrero y la cancelación en marzo de los programas de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. El fallo de Cobb se aplica específicamente a las personas a las que previamente se les concedió la autorización de permanencia en los puertos de entrada.
Con información de: Medios Internacionales
