Con el objetivo de asfixiar las vías de financiamiento del crimën organizado, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que las instituciones financieras y las empresas de telefonía móvil se integrarán formalmente a la estrategia nacional de seguridad e inteligencia. La medida busca frenar el cobro de cupos, las extorsionës y el sicariatø que golpeâ de manera crítica al sector del transporte público.
El anuncio se produjo tras una reunión de trabajo con dirigentes sindicales de Lima y de diversas regiones del país para atender la crisis de inseguridad. Para canalizar las demandâs, el Ejecutivo acordó la creación de dos mesas de trabajo: una de carácter normativo, liderada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y otra enfocado en la seguridad ciudadana, a cargo del Ministerio del Interior.
En este marco, Fujimori adelantó que impulsará reformas en el sistema migratorio para agilizar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales. De forma paralela, el Gobierno ordenó un despliegue reforzado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para resguardar paraderos y unidades de transporte en las rutas más vulnerables.
Gracias a los acuerdos alcanzados durante este diálogo, los principales gremios del sector —entre ellos Transportes Unidos y CONET-Perú— descartaron su participación en el paro de transportistas que había sido convocado para este martes 25 de agosto en Lima y el Callao.
Foto cortesía Instagram Keiko Fujimori
