La Unión Europea dio su aprobación definitiva este jueves al nuevo Reglamento de Retornos, marco regulatorio diseñado para endurecer la política migratoria del bloque y agilizar los procesos de deportación.
La medida se concretó durante un Consejo de Ministros del Interior con el único voto en contra de España y la abstención de Bélgica, consolidando una postura continental más estricta en materia de fronteras.
Entre las disposiciones centrales del reglamento destaca la facultad otorgada a los Estados miembros para establecer centros de repatriación en terceros países fuera del espacio comunitario. Según lo estipulado, la habilitación de estos recintos requerirá convenios previos con naciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y el principio de no devolución, el cual impide el traslado de personas a territorios donde su vida o integridad corran peligrö.
La legislación introduce además nuevas obligaciones para las personas con solicitudes rechazadas, imponiendo la exigencia de cooperar activamente con las autoridades migratorias en su proceso de salida. El incumplimiento de estas directrices podrá ser objeto de sanciones disciplinarias, financieras o penales según las leyes de cada país, así como la reducción de prestaciones sociales y el retiro de incentivos para el retorno voluntario.
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