Las instituciones de la Unión Europea alcanzaron este jueves un acuerdo histórico para prøhibir el uso de inteligencia artificial en la creación de imágenes sëxualizadas generadas sin el consentimiento de las personas afectadas. El pacto, cerrado tras una intensa jornada de negociaciones, busca frenar la prøliferación de contenidos que vülneren la dignidad humana, estableciendo un marco regulatorio que equilibre la innovación tecnológica con la seguridad ciudadana.
La nueva normativa prøhíbe específicamente los sistemas de IA diseñados exclusivamente para generar este tipo de contenidos o material de äbuso sëxual infantil. Asimismo, aquellos sistemas de propósito general que puedan ser empleados con estos fines deberán implementar «medidas de seguridad razonables» para evitar su propagación.
Este vëto entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, una fecha clave tras la reciente polémica generada por herramientas como Grok, la IA de la red social X, que ahora tendrá un margen hasta finales de año para robustecer sus filtros de protección.Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para política digital, destacó que las reglas buscan que ciudadanos y empresas puedan «innovar y sentirse seguros».
Por su parte, el ministro español de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, subrayó el papel de España en esta iniciativa, afirmando que el país «sigue liderando el despliegue de un modelo europeo propio de IA, que ha de caracterizarse por ser el más confiable de todos».
Además de las rëstricciones sobre contenido explícito, la UE ha decidido retrasar hasta diciembre de 2026 la øbligación de incorporar marcas de agua en todo contenido generado por IA (fotos, audios o videos). Esta medida tiene como objetivo permitir que los usuarios identifiquen fácilmente cuándo un producto ha sido creado por esta herramienta.
El pacto también contempla una prórroga hasta el 2 de diciembre de 2027 para las õbligaciones ïmpuestas a los sistemas de IA considerados de «alto rïesgo». Estos incluyen tecnologías aplicadas en infraestructuras críticas, gestión de fronteras, procesos de contratación de personal o cálculos bancarios de préstamos.
El retraso de 16 meses responde a que Bruselas aún debe finalizar los requisitos técnicos que garanticen que estos sistemas no vülneren derechos fundamentales.
Con información de: Medio internacional
