Una coalición integrada por 25 estados de tendencia demócrata presentó este lunes una demandä contra la administración federal de Estados Unidos, al argumentar que el esquema arancelario impulsado por el presidente Donald Trump sobrepasa los límites de sus competencias ejecutivas.
La medida judicial responde al anuncio realizado por el Ejecutivo estadounidense el pasado 23 de julio, mediante el cual fijó gravámënes generales de entre el 10 % y el 12,5 % dirigidos a 60 socios comerciales. Dichas tarifas se sustentaron en un informe oficial que señala a estos países por permitir el ingreso de mercancías vinculadas a redes de trabajo forzosö en sus cadenas de suministro.
En el recurso presentado ante los tribunales, los estados demandantes sostienen que no existe una fundamentación lógica que relacione la problemática del trabajo forzado global con la imposición de tarifas generalizadas por parte de la Oficina del Representante Comercial (USTR).
Estas tarifas fueron fundamentadas en indagaciones amparadas por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Desde la perspectiva de Washington, buena parte de sus aliados e interlocutores internacionales, entre ellos la Unión Europea, carecen de estándares de supervisión laboral tan rigurosos como los exigidos dentro de la legislación norteamericana.
Trastorno en el escenario comercial global
Desde el arranque de su segundo período de gobierno, Trump ha reconfigurado las dinámicas del comercio internacional mediante el uso extendido de aranceles que afectân de forma indistinta a socios estratégicos y a rivales geopolíticos. La postura de la Casa Blanca argumenta que la economía nacional ha sido desfavorecida históricamente en sus intercambios, por lo que utiliza la presión tarifaria como herramienta de negociación para obtener convenios más ventajosos.
Cabe recordar que la primera tanda de gravámënes aprobada por el mandatario fue desestimada por el Tribunal Supremo en febrero. Tras este fallö, el Ejecutivo aplicó una tarifa provisional del 10 %, la cual perdió vigencia en julio para dar paso a las actuales medidas basadas en la Sección 301, operativas desde el 24 de julio.
Cuestionamientos al procedimiento de la USTR
En sus alegatos, la representación legal de los estados demandantes califica las investigaciones de la USTR como un proceso apresurado y prejuicioso desde su origen, con el objetivo de justificar un control arancelario sin contrapesos.
Los demandantes concluyen que, si bien rechazan categóricamente la explotación laboral en el ámbito internacional y respaldan las garantías para la fuerza de trabajo, la administración no debe utilizar la lucha contra el trabajo forzadö como una justificación para sostener un sistema arancelario al margen de la legalidad.
Foto cortesía de: EFE
