El dirigente y miembro de la organización política Cambio de Paz, Omar Nowak, denunció que miles de residentes del municipio El Hatillo y de diversos sectores de la Gran Caracas enfrentan severas restricciones de movilidad dentro de sus propios edificios. Esta situación se debe a la prohibición de poner en funcionamiento los ascensores que no cuenten con una certificación técnica avalada, una medida preventiva implementada tras los sismös registrados el pasado 24 de junio.
La normativa, coordinada de manera conjunta por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) y el cuerpo de bomberos, estipula que ningún elevador puede reactivar sus operaciones sin haber superado una inspección exhaustiva. Dicha evaluación debe ser ejecutada obligatoriamente por empresas especializadas que estén debidamente registradas y autorizadas por el ente regulador.
Según explicó Nowak, el mayor inconveniente para cumplir con esta regulación y reactivar los equipos de forma legal recae sobre las juntas de condominio. Las comunidades de vecinos se encuentran ante una notable difïcultad financiera, ya que deben autogestionar y recaudar los fondos necesarios para cubrir tanto las tasas oficiales exigidas por Sencamer como los honorarios profesionales de las compañías certificadoras.
Con información de Noticias Venevision.
