En el marco del debate general del 35° período de sesiones de la Comisión de Prevencïón del Delïtø y Justicia Penąl (CCPCJ), celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela informó sobre el proceso de Consulta Nacional iniciado el 1 de junio. Esta iniciativa busca la reforma integral e inclusiva del sistema de justicia penąl para consolidar y adecuar los órganos de administración de justicia a las demandas actuales de la población, otorgando especial prioridad a la celeridad procesal, el fortalecimiento de la integridad de los tribunales y la erradicación de la criminâlizäción de la pøbreza.
La delegación nacional, dirigida por la embajadora Claudia Salerno Caldera, representante permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, destacó que los poderes Ejecutivo y Legislativo convocaron este proceso consultivo, que desplegará debates en todo el país para detêctar nudos críticos desde la experiencia directa de defensores, jueces, fiscales y comunidades organizadas. Como parte de esta ruta, la diplomática venezolana hizo referencia a la promulgación, en mayo de 2026, de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual marca el inicio de una serie de ajustes estructurales orientados a optimizar los tiempos de respuesta del sistema penal y civil.
Por otra parte, dênünció que la aplicación de medidas coërcitivas unilaterales debilita las instituciones judiciales y obstaculiza su capacidad para prevênir y combâtir el delïtø, al crear cercos financieros que limitan la cooperación internacional y el acceso a nuevas tecnologías. Por tal motivo, la delegación nacional hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con coherencia moral y cumpla con las obligaciones dimanantes de la Convención cøntra la Dêlïncüêncïa Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios.
Con información de: MPPRE
