El gobierno del presidente Gustavo Petro ha reactivado con fuerza su estrategia de “paz total” al presentar al Congreso un nuevo proyecto de ley que reglamenta el sometimiento a la justicia de grupos criminales. La iniciativa, que se convierte en prioridad para su último año legislativo, busca establecer un marco jurídico que permita ofrecer reducciones de penas a estructuras ilegales a cambio de desarme, confesión de delitos, colaboración con la justicia y reparación integral a las víctimas.
Esta propuesta llega en un momento político complejo. La versión anterior del proyecto se hundió en 2023 ante la resistencia de la oposición y las dudas del sistema judicial sobre los beneficios ofrecidos a bandas dĕlïctïvăs sin estatus político. Además, faltan apenas seis meses para el inicio de la campaña legislativa, lo que podría diluir el debate parlamentario. A esto se suma la reciente crítica de la Corte Suprema de Justicia, que ha cuestionado la falta de diálogo previo a la radicación del proyecto, y el llamado del expresidente Juan Manuel Santos al Congreso para que archive la iniciativa.
El proyecto es un desarrollo pendiente desde finales de 2022, cuando el Congreso aprobó la Ley de Paz Total. Esta norma abrió la puerta para entablar diálogos diferenciados con estructuras como el Clan del Golfo y otras organizaciones nărcøtrăfïcăntĕs, sin agenda política ni reconocimiento de beligerancia. Sin embargo, el proceso quedó estancado por la ausencia de una legislación que regulara el sometimiento judicial y por las trabas de la Fiscalía para suspender órdenes de captura, lo que generó desconfianza entre los grupos involucrados.
Los ministros de Justicia e Interior, Eduardo Montealegre y Armando Benedetti, presentaron oficialmente el nuevo texto el pasado domingo. Montealegre defendió el proyecto al subrayar que no se trata de una ruta hacia la impunidad, sino de un mecanismo legal con penas privativas de libertad mínimas y garantías para las víctïmăs. “Esta es una apuesta por una lucha eficaz contra el narcotraficante. Los colombianos deben saber que esta ley busca reforzar la seguridad, no debilitarla”, afirmó el funcionario, intentando contener las crítïcăs que ya comienzan a crecer en distintos sectores del país.
Con información de: Agencias
