Ante las deficiencias del sistema de salud frente a enfermedades terminales, el diputado Diego Brañez (APB-Súmate) impulsó el Proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muertë Digna y Eutanasia, propuesta que busca ampliar la cobertura médica para pacientes graves y despenalizar la interrupción voluntaria de la vida, iniciativa que ha generado un firme rechazo por parte de sectores religiosos.
La discusión parlamentaria cobró impulso tras la repercusión pública del caso de Aldrin Ichuta, un joven de 20 años diagnosticado con osteosarcoma y actualmente en estado delicado en un centro de salud de El Alto. La precariedad asistencial, evidenciada en la falta de tomógrafos y equipos de radioterapia en dicha instalación, obliga el traslado frecuente del paciente a La Paz para acceder a tratamiento especializado.
Aunque la legislación vigente contempla los cuidados paliativos para patologías oncológicas desde 2019, la cobertura real continúa siendo limitada y excluye a otras condiciones irreversibles. En contraste, la normativa penal boliviana sanciona con penas de uno a tres años de prisión el homicidiø piadoso destinado a acortar padecimientos graves e incurables.
El debate se intensifica entre las demandas de los familiares por acceder a mecanismos de muertë digna y la postura de las organizaciones confesionales, las cuales argumentan la defensa del derecho a la vida para oponerse a la legalización de la eutanasia en el país.
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