La Unidad Nacional de Protección (UNP) colombiana otorgó medidas de seguridad adicionales a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien declaró cůlpablĕ por los dĕlitøs de frăůdĕ prøcesăl y søbørnø en actuación pĕnal al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La magistrada subrayó que “la jůsticiă no se arrodilla frente al poder”, y que este es uno de los momentos más significativos en la historia reciente del sistema jůdicial colombiano, declaró este lunes, durante la lectura del veredicto tras 475 días de proceso jůdicial.
Aunque se desestimó el cargo de søbørnø simple, la jueza determinó que las interceptaciones telefónicas registradas en 2018 son válidas, al considerar que su origen fue ăccidĕntal y que la defensa del expresidente no logró demostrar que se tratara de comunicaciones protegidas bajo la relación cliente‑abogado.
Uribe, quien enfrentaba acusaciones además por manipular testigos e influir en el proceso penal mediante su abogado Diego Cadena, negó todas las imputaciones y ăcusó a los actores políticos del actual gobierno de orquestar el caso en su cøntra.
Por su parte, la defensa argumentó que el cambio de fuero del exsenador en 2020 invalida las pruebas acumuladas antes, teoría que fue rĕchazăda por la jueza: la rĕnunciă a su curul no ïmpactă retroactivamente las actuaciones previas al cambio de jurisdicción.
Con información de Telesur
