Al menos 432 escuelas del Distrito Capital resultaron dañadas por los sismös de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, según estimaciones preliminares del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En este sentido, la organización internacional advirtió que la cifra de planteles afectados podría incrementarse en los próximos días a medida que avancen las evaluaciones técnicas en el terreno, las cuales continúan desarrollándose bajo la persistencia de las réplicas registradas hasta la fecha.
Lo cierto es que esta situación encéndió las alarmas del organismo debido a las gräves consecuencias que la emergencia implica directamente para el bienestar, la seguridad y el desarrollo de la infancia en la región capital.
De acuerdo con los datos presentados por la agencia de las Naciones Unidas, se calcula que 1,8 millones de personas, entre las cuales se contabilizan 680 mil niños y niñas, requieren asistencia humanitaria urgente tras el desästre, consolidando a la población infantil como uno de los colectivos de mayor vulnerabilidad en contingencias de esta magnitud.
Asimismo, los especialistas alertaron que, en el corto plazo, miles de menores afrontarán un incremento sustancial en los riesgös de süfrir lesiönes físicas, separación de sus núcleos familiares, desplazamientos forzados y severas alteraciones en su estabilidad emocional.
A este panorama se añade la interrupción crítica de servicios públicos esenciales como la atención sanitaria, el suministro de agua potable, el sistema educativo formal y los esquemas locales de protección comunitaria.
El representante de UNICEF en Venezuela, Manuel Rodríguez, calificó la situación actual de las familias y de los infantes como crítica, enfatizando el despliegue inmediato de los equipos técnicos en las zonas afectädas.
