En un encuentro calificado como histórico para la evolución del derecho en el país, la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, sostuvo este viernes una mesa de trabajo con 27 decanos y decanas de las Facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades públicas, autónomas y privadas de toda la nación.
El objetivo central del encuentro fue establecer una alianza técnica y académica para renovar el estamento jurídico venezolano, el cual fue descrito por el parlamentario como «preconstitucional» y necesitado de una actualización profunda frente a las exigencias del siglo XXI.
Durante la jornada, que contó con la participación de las comisiones de Salud, Educación y Ciencia y Tecnología, se definieron cuatro ejes fundamentales de acción inmediata:
* Reforma Integral del Sistema Jurídico:
Revisión de las estructuras legales vigentes para su armonización constitucional.
* Actualización del COPP: Ajustes al Código Orgánico Procesal Penal para optimizar y agilizar los procesos judiciales.
* Marco de Reconciliación: Análisis técnico sobre el alcance y aplicación de la Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional.
* Defensa Institucional: Adaptación del marco legal tras los eventos de agresión reportados el pasado 03 de enero.
El diputado Maduro Guerra enfatizó la importancia de elevar el nivel académico del debate legislativo, exhortando a las facultades de derecho a profundizar en el estudio del Derecho Internacional. Subrayó que conceptos como la soberanía y la inviolabilidad de un Jefe de Estado en ejercicio son pilares vitales para la defensa y estabilidad del país en el contexto global actual.
«Vamos a avanzar en propuestas e ideas que nos van a dar las universidades. Hay coincidencia en que nuestro estamento ya es antiguo y requiere de la experticia académica para su fortalecimiento», afirmó el diputado.
Como resultado concreto de esta reunión, se anunció que para la próxima semana se realizará la designación formal de una Comisión para Asuntos Civiles y Penales. Este órgano será el encargado de procesar, evaluar e integrar las propuestas técnicas emanadas de las universidades en los futuros proyectos de ley.
Con este paso, el Poder Legislativo busca dotar de rigor científico y pluralidad académica a las reformas legales que marcarán la agenda nacional en los próximos meses.
Con información: Venezuela New
