El Senado de Chile aprobó este martes una propuesta legislativa orientada a optimizar el procedimiento de expulsión administrativa de ciudadanos extranjeros en situación irregular o con antecedentes de infraccïón de ley.
La iniciativa faculta a los organismos policiales, previa autorización judicial, a ingresar a inmuebles para proceder con la detención de personas que mantengan órdenes de expulsión vigentes.
El texto contó con el respaldo de 37 senadores y una abstención, validando el informe final emitido por la comisión mixta del Congreso. Entre las modificaciones clave a la Ley de Migración y Extranjería, destaca el mecanismo mediante el cual la Policía de Investigaciones (PDI) solicitará autorización a un juez de garantía para efectuar el ingreso a domicilios, requerimiento que deberá ser resuelto en un lapso no mayor a 24 horas.
Asimismo, la normativa incrementa de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso al territorio chileno para casos específicos y establece procedimientos para la expulsión inmediata de extranjeros procesados judicialmente, previa aprobación del tribunal correspondiente. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Chile residen más de 330 000 personas en situación migratoria irregular, con miles de decretos de expulsión aún pendientes de ejecución.
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