La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto orientado a fortalecer el principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución, con el objetivo de robustecer el acceso a la información en el Gobierno federal. La mandataria adelantó que esta normativa se incorporará a la Ley de Transparencia al inicio del periodo de sesiones del Congreso para asegurar el control ciudadano sobre la gestión pública.
El decreto elimina el criterio discrecional de los servidores públicos al momento de clasificar documentos, estableciendo lineamientos específicos que definen estrictamente la información pública y limitan las reservas de manera temporal a causas justificadas de interés público o seguridad nacional.
Asimismo, las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estarán obligadas a hacer públicos sus informes financieros, contratos y políticas operativas. Por su parte, los órganos fiscalizadores deberán transparentar el desarrollo de sus auditorías y el seguimiento de las observaciones realizadas.
Toda la información generada se centralizará en la Plataforma Nacional de Transparencia, al tiempo que se extendió una invitación a los gobiernos locales y a los demás poderes públicos para integrarse a este mecanismo.
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