La intensificación de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha transformado radicalmente la rutina diaria de la comunidad venezolana en la ciudad de Doral. Ante el riesgo constante de ser interceptados, decenas de familias han optado por dejar de conducir, modificar sus horarios y suspender los traslados escolares de sus hijos para evitar detenciones.
Estas acciones forman parte de la política de endurecimiento migratorio impulsada a nivel nacional bajo el mandato del presidente Donald Trump. Muestra de ello fueron las 49.571 detenciones registradas solo en julio de 2025, de las cuales cerca de 20.000 se concentraron únicamente entre los estados de Florida y Texas.
Testimonios de residentes en Doral reflejan un clima de profunda zozobra, advirtiendo que los arrestos no se limitan a personas con antecedentes penales. Las intervenciones de los agentes federales están afectando por igual a migrantes sin récords criminalës e incluso a quienes se encuentran a la espera de resolución de sus trámites de asilo o procesos de regularización.
La alteración de la vida comercial y cotidiana en esta zona del sur de Florida evidencia la vulnerabilidad de la población venezolana, que hoy intenta protegerse del alcance de las deportaciones masivas restringiendo al mínimo su movilidad.
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