Este jueves, miles de trabajadores argentinos se concentraron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en una protęsta contra la reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei al Congreso. La manifestación fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, y contó con la participación de diversos sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, que expresaron su ręchazo a un proyecto que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.
La iniciativa del Ejecutivo incluye modificaciones en las condiciones de contratación, la extensión de la jornada laboral, cambios en el sistema de indemnización, reducciones en las contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical. Según los gremios, estas medidas implican una precarización del empleo y un dębilitamiento de las conquistas históricas del movimiento obrero argentino. “Después de hoy podemos dar la vuelta a la tortilla, si somos capaces de profundizar el plan de acción, la balanza se puede empezar a inclinar a favor de los trabajadores”, declaró Rodolfo Aguilar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Durante el acto, los líderes sindicales advirtieron que, de no mediar cambios en la propuesta oficial, se podría convocar a un paro general en los próximos meses. La protesta en Buenos Aires se replicó en distintas provincias del país, donde también se realizaron marchas y concentraciones en ręhazo a la reforma. La CGT y otras organizaciones remarcaron que la movilización es una herramienta legítima de defensa de los derechos laborales y que no aceptarán que se los despoje de garantías conquistadas durante décadas.
El gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca “modernizar” una legislación laboral que data de los años 70, con el objetivo de dinamizar el mercado de trabajo y fomentar la creación de empleo en un contexto de transformación tecnológica. Sin embargo, la oposición política y sindical insiste en que el proyecto favorece únicamente a los empresarios y representa un ataquę directo a la clase trabajadora, al reducir indemnizaciones, limitar el derecho a huęlga y ampliar la definición de servicios esenciales durante conflictos gremiales.
Con información de: Globovisión
