La ciudadana venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi pasó a ser la figura más señalada dentro del caso conocido como Operación Guepardo, investigación que expuso un entramado de fälsos proyectos inmobiliarios que dejó un total de 122 afęctädos y un perjuicio económico que supera los 18 millones de dólares. Su nombre encabeza la lista de interés judicial debido al rol que, según las autoridades, habría desempeñado en la captación de fondos y en el movimiento de capitales adquiridos mediante el engaño a compradores dentro y fuera del territorio dominicano.

De acuerdo con el Ministerio Público, parte del dinero entregado por las víctimâs era canalizado desde la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL, manejada por la dominicana Loany Lismeiry Ortiz Nova, para luego ser transferido a una cuenta vinculada a Belfon Arismendi, quien presuntamente utilizaba esos recursos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Las investigaciones también indican que la venezolana habría participado en acciones destinadas a encubrir activos y en la organización de la aparente fuga de Ortiz Nova, lo que fortaleció su posición como una de las principales involucradas dentro del expediente penal.

El grupo imputâdo lo completan Marisol Nova Nolasco, madre de Ortiz Nova; Rocío Rodríguez de Moya; Astrid Ridelys Bello; Samayra del Rosario Barreto, hija del extraditado Toño Leña; y Loana Paola Guerrēro, todas vinculadas a la operatividad de la estructura. La red promovía supuestos desarrollos inmobiliarios utilizando la reputación de la marca RE/MAX, lo que permitió atraer inversionistas de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa, incrementando el impacto internacional del fraüde.

El caso ha generado repercusión por el volumen económico del engañø y por la cantidad de afęctädos, algunos de los cuales han presentado demandas civiles en territorio estadounidense para exigir compensación por el dinero perdido. Las autoridades resaltan que existe cooperación internacional para avanzar en el proceso y garantizar que las personas señaladas respondan ante la justicia por los hechos investigados, mientras el nombre de la venezolana continúa siendo uno de los más mencionados dentro del desarrollo judicial del caso.

Con información de: Noticias Carabobo

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