Diversas organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han expresado su más enérgica condena ante las recientes acciones del gobierno de El Salvador, bajo la administración del Presidente Nayib Bukele, en relación con la detención y procesamiento de migrantes venezolanos.
Informes preocupantes indican que los 252 venezolanos fueron arrestadas sin el debido proceso legal, privadas de su derecho fundamental a la defensa y, alarmantemente, confinadas junto a delincuentes de alta peligrosidad ya juzgados.
Las detenciones arbitrarias y la negación del debido proceso son violaciones flagrantes de los derechos humanos y de las normativas internacionales.
El Gobierno venezolano ha dejado clara su postura de catalogar como inaceptable que los migrantes sean tratados como criminales. Siendo despojados de sus garantías legales y expuestos a entornos carcelarios de alto riesgo, obligados a convivir con reclusos ya condenados por delitos graves, poniendo en peligro su integridad física y psicológica, y violando las normativas internacionales sobre el tratamiento de detenidos.
Los reportes señalan que los migrantes venezolanos en cuestión no tuvieron acceso a representación legal, audiencias justas o la oportunidad de presentar pruebas en su defensa. Esta ausencia de un proceso legal transparente contradice principios fundamentales de justicia y socava la confianza en el sistema judicial salvadoreño.
La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo no son privilegios, son derechos inalienables que deben ser respetados para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
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