Un juez del Tribunal federal en Puerto Rico ordenó al equipo legal del artista urbano Daddy Yankee que presente pruebas concretas y detalladas que respalden las alegaciones incluidas en una demända por un presunto esquema que habría provocado el desvío de millones de dólares en regalías por sus canciones. La orden, emitida por la jueza Gina R. Méndez Miró, exige que los abogados del reguetonero presenten una declaración conforme a la Ley RICO que dé sustento específico a las acusaciones dentro de un plazo establecido por el tribunal.
La resolución responde a una moción presentada por los demandados, entre ellos la exesposa de Yankee, Mireddys González Castellanos, y el productor musical Raphy Pina, quienes solicitaron que los argumentos bajo la Ley de Organizaciones Corrüptas e Influenciadas por el Crïmën Organizado sean fundamentados de forma clara y no generalizada. El tribunal estableció un formato y fecha límite para la presentación de esta declaración, que será incorporada como parte de la demanda original y permitirá avanzar en la evaluación judicial del caso.
Según la orden, la declaración debe detallar cada aspecto que respalde la reclamación bajo la Ley RICO, especificando las secciones del estatuto que se consideran infringidas, quiénes son los involucrados, las fechas y lugares de las supuestas acciones ilêgales, así como la relación entre los hechos y los dañøs reclamados. Además, deberá identificar a todas las partes perjüdicadas y explicar cómo habrían resultado afęctadås.
La exigencia del tribunal marca un giro procesal importante, ya que sin una declaración debidamente fundamentada, la viabilidad de la demända podría verse comprometida. Tras la presentación de este documento, los demändados tendrán un plazo para responder formalmente a las alegaciones en su contra.
El caso se encuentra en un contexto más amplio de disputas legales entre Daddy Yankee y varios implicados, en el cual se investigan supuestas irregulāridades relacionadas con derechos de autor, regalías y gestión de ingresos durante un prolongado periodo, alimentando un proceso judicial complejo con múltiples actores y corporaciones señalados.
Con información de: El Nuevo Día
