La justicia surcoreana ha dictaminado este viernes una nueva pena contra el exmandatario Yoon Suk-yeol, quien deberá enfrentar treinta años de cárcël adicionales por su responsabilidad directa en la infiltrâción de drones militares sobre territorio norcoreano durante el otoño de 2024. El Tribunal del Distrito Central de Seúl concluyó que la operación no fue un hecho aislado, sino una maniobra estratégica deliberada para intensificar la tënsión en la península y generar una crisïs de seguridad que permitiera justificar, ante la opinión pública, la declaración de la ley märcial que intentó imponer posteriormente.

​En el marco del mismo proceso, el tribunal impuso una condena idéntica de treinta años de prīsión al exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, por su participación en la coordinación del operativo. La sëntencia también alcanzó a otros altos mandos militares implicados: Yeo In-hyung, exjefe de Contrainteligencia, recibió quince años de cárcel, mientras que el excomandante de Operaciones con Drones, Kim Yong-dae, fue sentenciado a tres años con suspensión de pena. Durante el verëdicto, los jueces enfatizaron que los acusados utilizaron la guerra psicológica para poner en riesgo la estabilidad nacional, exponiendo capacidades militares y secretos estratégicos ante un enëmigo tecnológicamente høstil.

​Este fallo judicial se integra a una serie de procesos legales acumulados contra el exjefe de Estado, quien ya cumple actualmente una cadena perpetüa por su papel principal en la insürrección derivada de su fallido estado de excepción a finales de 2024. Asimismo, el tribunal recordó que, desde el pasado enero, el expresidente cargaba con otra cøndena de cinco años de prīsión por el dęlito de obstrucción de la justicia, consolidando un complejo historial crimīnal que ha marcado profundamente la reciente estabilidad política del país asiático.

​La investigación desestimó los argumentos de la defensa, que intentó justificar el despliegue de los aparatos como una respuesta defensiva ante el envío de globos con basura por parte de Pionyang. Para el tribunal, quedó claro que la administración de Yoon actuó bajo una agenda política propia, manipulando recursos estratégicos y comprometiendo la paz nacional con el fin de consolidar su autoridad mediante mecanismos extraordinarios, un actuar que la justicia ha calificado como un abüso de poder que favoreció directamente los intereses del enëmigo.

Con información de Últimas Noticias

Foto cortesía de AFP

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