El Gobierno de Colombia rompió de manera definitiva con la política de diálogo al anular formalmente las mesas de negociación y el reconocimiento institucional de tres facciones armadäs: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de los Bloques del Magdalena Medio (EMBF).
La medida, oficializada mediante resoluciones firmadas por el presidente Abelardo de la Espriella, responde a la «falta de voluntad» de estos grupos para pactar compromisos verificables, cerrando así la estrategia de paz impulsada durante la administración de Gustavo Petro (2022-2026).
En paralelo al viraje hacia una doctrina de seguridad centrada en la fuerza estatal, la Fuerza Pública intensificó la presión militar, registrando bombardeos contra el EMBF en Guaviare que dejaron cerca de una decena de bajas.
Asimismo, el Ejecutivo autorizó la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas vinculados a procesos previos, entre ellos Willington Henao (alias «El Mocho Olmedo»), Carmen Evelio Castillo (alias «Muñeca») y Geovanni Andrés Rojas (alias «Araña»).
Foto cortesía Presidencia de Colombia
