La Asamblea de Ecuador aprobó este jueves la denominada Ley de Interrupción del Embarazo por Violación para normar una decisión de la Corte Constitucional que en abril del año pasado despenalizó el aborto en los embarazos productos de una violación.
La decisión de ese organismo se produjo con el voto a favor de 75 legisladores, mientras que otros 41 se pronunciaron en contra y 14 se abstuvieron. En lo medular, el nuevo cuerpo legal permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en el caso de mujeres mayores de edad en zonas urbanas, y hasta las 16 semanas las menores de edad o mujeres de sectores rurales.
Una de las asambleístas que más abogaron por esta causa, Johana Moreira, dijo en un discurso en el pleno del órgano legislativo y con la voz entrecortada por la emoción que “hemos tenido que regatear los plazos justos, hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso, por sin duda, es una decisión totalmente necesaria”.
Su colega Sofía Espín, que no apoya tal causa, manifestó que ésta ha sido la ley del regateo. Nos apena lo que hemos vivido con este proyecto de ley”.
La Corte Constitucional había aprobado en abril de 2021 la despenalización del aborto por violación, pero el legislativo ecuatoriano quedó con la misión de reglamentarlo. Desde antes se permitía la suspensión de la gestación cuando amenazaba la vida de la madre por cualquier causa.
La nueva ley, que debe ser enviada al ejecutivo para observaciones o veto del presidente Guillermo Lasso, fue producto de la sostenida lucha de grupos feministas y de mujeres que denunciaban miles de casos anuales de violación y de la criminalización del aborto, que por otras causas es castigado con penas de cinco a siete años de cárcel para las madres y con uno a tres años para quien les ayude a practicarlo. El mandatario se ha definido como defensor de la vida desde la gestación, aunque en campaña ofreció respetar las decisiones de quienes no coinciden con su pensamiento.
La Fiscalía de Ecuador registró entre 2016 y 2020 más de 27.000 denuncias de violación. En 2016 se produjeron 4.884 casos, en 2017 fueron 5.045, en 2018 se reportaron 5.667 y en 2019 hubo 6.034. Para 2020 se redujo a 5.450, pero la baja no se atribuye a la reducción del delito, sino a que las víctimas no podían salir por las políticas para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Los grupos Pro Vida se oponen radicalmente al proyecto aduciendo que la vida debe respetarse desde la concepción. Han hecho manifestaciones y marchas con decenas y cientos de participantes vestidos de blanco en defensa de los no nacidos.
Con información de AP | Globovisión
