La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado de Estados Unidos inyectärá miles de millones de dólares al proyecto antimigratoriö del presidente Donald Trump.
Con este presupuesto, que el mandatario republicano ha calificado como una «ley grande y hermosa», el mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad se destinará, por amplio margen, a inmigración: será ocho veces mayor que todo el presupuesto del FBI y 13 veces superior al de la DEA.
La votación en el Senado devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes, donde debe se revisado de nuevo y conseguir la aprobación para convertirse en ley.
Con un gasto de casi 170.000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración -con unos 20.000 nuevos puestos-, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 64.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70.000 millones más destinados a la detención de migrantes, lo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de retención y el transporte de los deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas retenidas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.
Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios
La ley también aumentará los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 1.000 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países de origen.
El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.
Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110) y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).
Con información de: SWI
