El Gobierno de Costa Rica dio inicio al traslado de los primeros 123 prisioneros con destino al nuevo Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado. Esta nueva infraestructura penitenciaria de máxima seguridad fue concebida como una estrategia de contención ante el incremento de los índices de violencia en la nación centroamericana, adoptando un esquema que replica el modelo de encarcelamiento implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Sin embargo, la puesta en funcionamiento de las instalaciones ha generado fuertes posturas encontradas y un intenso debate en la palestra pública. Sectores de la oposición política y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos cuestionaron la medida, advirtiendo sobre el riesgo de vulnerar el debido proceso, fomentar un hacinamiento institucionalizado y socavar las garantías fundamentales de la población penal.
Asimismo, las ONG y defensores de los derechos humanos han manifestado su preocupación ante el viraje en las políticas públicas de seguridad de Costa Rica. A juicio de los organismos críticos, las nuevas acciones gubernamentales priorizan la reclusión masiva y punitiva sobre la aplicación estricta de los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
Noticias 24 horas / Fabiana Almeida
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