Frente al bloqueo estadounidense y la compleja coyuntura económica, el Gobierno cubano oficializó una profunda flexibilización de su modelo productivo mediante un nuevo decreto del Consejo de Ministros publicado en la Gaceta Oficial. La normativa forma parte de un paquete de 176 reformas orientadas a dinamizar el desarrollo nacional y reordenar el aparato productivo del país.
Este ajuste legal reduce significativamente las restricciones al sector no estatal, abriendo actividades clave a la participación de empresas privadas nacionales y de capital extranjero. De las 125 prohibiciones previas, el marco regulatorio elimina 46 limitaciones por completo y flexibiliza 35 condiciones operativas, ampliando el margen de acción comercial en la isla.
Entre los cambios más profundos destaca la autorización para otorgar concesiones en la extracción de petróleo y gas mediante empresas mixtas, además de abrir la gran minería exclusivamente a la inversión extranjera. Asimismo, el sector privado y las más de 15.600 mipymes registradas podrán incursionar en la comercialización de energía eléctrica, gestión de gasolineras y fabricación de vehículos ligeros.
A pesar de la apertura económica, áreas estratégicas como la defensa, la educación formal, las telecomunicaciones, el periodismo y el transporte marítimo internacional continuarán bajo estricto control estatal. Autoridades del sector aclararon que estas medidas buscan integrar a los nuevos actores para fortalecer la soberanía productiva, manteniendo a la empresa estatal socialista como el pilar fundamental del Estado.
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