El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sancionës financieras y restricciones de visado contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, así como contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye. La medida representa un paso más en la postura de la administración de Donald Trump orientada a desconocer y frenar las acciones del tribunal con sede en La Haya.
Washington sostiene de manera firme que no reconoce la jurisdicción del organismo internacional al no ser firmante del Estatuto de Roma. Bajo ese argumento, las autoridades norteamericanas justifican la restricción del alcance de la corte en la persecución de delitos de guerra, genocidio y lesa humanidad que involucren a países no miembros o a sus aliados estratégicos.
El detonantë principal de estas sancionës responde a las investigaciones impulsadas por el tribunal contra Israel, uno de los socios clave de Estados Unidos en la región. Las fricciones escalaron tras la emisión en 2024 de órdenes de aprehensión dirigidas al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al exministro de Defensa Yoav Gallant por las operaciones militares desplegadas en Gaza.
Con la aplicación de este bloqueo económico y la cancelación de visados, la Casa Blanca busca asestar un golpë directo a la operatividad de la CPI. La acción intenta inmovilizar los recursos y limitar los desplazamientos internacionales de los altos funcionarios del tribunal para dificultar el avance de las causas en curso.
Foto cortesía Unión Europea.
