El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó su plan anticorrüpción de quince medidas, diseñado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este abarca cinco áreas clave, buscando fortalecer los mecanismos de control, aumentar la rendición de cuentas, proteger a los denunciantes, mejorar la capacidad de investigación y persecución, y recuperar activos ilícitos.
Entre las medidas más destacadas para reforzar el control se incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y la extensión de la metodología de los Fondos Next Generation a toda la administración. Además, se implementará la inteligencia artificial en la contratación pública para detectar anomalías y se exigirán sistemas de cumplimiento anticorrüpción a las empresas que contraten con el gobierno.
La nueva Ley de Administración Abierta buscará reforzar las obligaciones de transparencia, mientras que se establecerán controles anuales aleatorios sobre el patrimonio de los altos cargos. En un esfuerzo por mejorar la rendición de cuentas en los partidos políticos, el plan exige auditorías externas para aquellos con financiación pública superior a 50.000 euros, reduce el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y aprueba una Ley de Transparencia e Integridad para los Grupos de Interés.
En paralelo, se protegerá a los denunciantes garantizando su confidencialidad, protección y apoyo legal, además de exigir canales internos de denuncia en empresas y administraciones. Para fortalecer la capacidad del Estado contra la corrupción, se crearán secciones especializadas en los juzgados, se priorizarán los casos de funcionarios públicos, se reforzará la Fiscalía Anticorrüpción, se endurecerán las penas y se duplicarán los plazos de prescripción.
Finalmente, el plan busca recuperar los activos robados aumentando los recursos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos e introduciendo la extinción de dominio para incautar bienes obtenidos ilícitamente sin necesidad de una condena penal previa. Asimismo, se promoverá una cultura de integridad mediante estudios anuales de percepción pública, campañas de sensibilización y formación para empleados públicos, con un sistema de seguimiento y evaluación para medir el progreso.
Con información de: EFE
