Una propuesta presentada ante el Congreso de la Ciudad de México busca reformar el Código Civil para autorizar que los jueces evalúen conductas gravës tales como violencia familiar, infidelidad, abandono injustificado o adiccionës sin tratamiento al momento de definir la distribución de bienes en matrimonios bajo el régimen de sociedad conyugal.
La iniciativa plantea que, en caso de comprobarse mediante pruebas válidas, dichas faltas incidan en las resoluciones patrimoniales tras una separación.
Por el momento, esta iniciativa no constituye una ley vigente en el país ni implica la pérdida inmediata de patrimonio por causas de infidelidad, sino que se encuentra en fase de debate legislativo. La discusión pública se centra en determinar la conveniencia de que el comportamiento personal impacte en las consecuencias económicas del divorcio y en fijar el tipo de evidencia requerida para acreditar una falta gravë dentro del proceso legal.
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