Los Gobiernos de Latinoamérica condenaron este martes la violencia desencadenada por los grupos armados en Ecuador, situación que ha impulsado la declaración de conflicto armado interno en el país por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que ha dejado por el momento una decena de muertos y hechos violentos en varios puntos del país.
Colombia, que tiene frontera con Ecuador, ha expresado su «explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho en la República del Ecuador» y ha rechazado «los recientes hechos de violencia desatados en varias ciudades del hermano país».
A través del Ministerio de Exteriores, ha trasladado su solidaridad con los afectados, ha pedido que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público.
Argentina, sin embargo, ha ido un poco más lejos: su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprovechó una entrevista concedida a un canal de televisión el martes para ofrecer el envío de «fuerzas de seguridad, si hace falta, para ayudar a Ecuador porque esto es un tema continental». Bullrich consideró que puede producirse un efecto contagio en el resto del continente.
Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), transmitió el martes su «apoyo a las medidas provisionales de emergencia tomadas» por Noboa. «La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en el marco de los derechos ciudadanos es fundamental en la región», apostilló Almagro.
El segundo país que comparte frontera con Ecuador, Perú, ha ido más allá y ha declarado la emergencia en la zona norte del país, la que limita con el mencionado país, para reforzar policialmente la zona.
El Gobierno de Dina Boluarte ha condenado «enérgicamente los actos de violencia» y ha señalado «que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país».
Además de ofrecerse a enviar refuerzos policiales, Argentina manifestó su «más firme respaldo» al Gobierno ecuatoriano en «su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada que busca socavar el Imperio de la ley».
El Gobierno de Brasil se ha mostrado preocupado por las acciones violentas y ha expresado su solidaridad con el Gobierno y el pueblo ecuatoriano ante los ataques.
El Gobierno de Chile ha señalado que «espera que esta situación se resuelva en el marco del Estado de derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador, con total apego y respeto a la democracia y a los Derechos Humanos». El Ejecutivo de Gabriel Boric ha manifestado «preocupación por la grave crisis de seguridad que está afectando al Ecuador» y ha enviado «un mensaje de solidaridad y respaldo a sus autoridades y a su pueblo».
Desde Bolivia, su presidente, Luis Arce, ha «repudiado los hechos de violencia acaecidos» y ha expresado su «plena solidaridad» con el Ejecutivo ecuatoriano.
También se han mostrado «atentos a la delicada situación» que se desarrolla en Ecuador otros gobiernos de la región, como Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, ha abogado por el «restablecimiento del orden y la actuación oportuna de la Justicia contra los autores intelectuales y materiales de estos inaceptables actos terroristas».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha trasladado que está monitorizando «la situación de Derechos Humanos durante la vigencia del Estado de excepción» y ha subrayado que la «actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control».
Estados Unidos, por su parte, ofreció este martes asistencia a Ecuador ante la ola de violencia. «Estamos en estrecha coordinación con el presidente Noboa y con el Gobierno ecuatoriano, y estamos listos para brindar asistencia», dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado del Gobierno de Joe Biden.
Con información de Público.es
