El Ministerio de Transportes de España firmó este sábado una orden al amparo de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control directo del puerto de Ceuta y habilitar 16.000 metros cuadrados. La medida contempla la instalación provisional de carpas con servicios de enfermería, descanso y asistencia social para acoger a más de 1.000 de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva registrada a finales de julio desde Marruecos.
La intervención del Ejecutivo central responde al rechazo previo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad, que votó en contra de ceder los terrenos a la Secretaría de Estado de Migraciones. Esta decisión estatal ha provocado la oposición de la Confederación de Empresarios de Ceuta y de asociaciones vecinales, quienes exigen la paralización de las obras y el respeto a la postura institucional local.
La cifra real de personas en situación de vulnerabilidad en el territorio aún genera discrepancias, situándose entre 5.000 y 20.000 según estimaciones del Gobierno español, las autoridades ceutíes y diversas ONG. Muchos de los migrantes que no regresaron voluntariamente a Marruecos viven actualmente en asentamientos improvisados en las playas y en vecindarios periféricos, mientras que unos 1.500 menores de edad permanecen bajo la tutela de los centros de acogida locales.
Esta crisis asistencial se produce tras un violento episodio fronterizo que dejó un saldo de más de cien fallecidos por ahogamiento o aplastamiento durante el intento de cruce. Paralelamente, organizaciones como No Name Kitchen y Asociación Elín han denunciado el trato precario que reciben los migrantes en la zona, alertando sobre la falta de acceso a agua, alimentos y la práctica de devoluciones irregulares.
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