Una jueza federal anuló la política implantada por la administración del presidente Donald Trump que suspendía la tramitación de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los que se figuran Afganistán, Irán, Rusia y Somalia, bajo el argumento de que los solicitantes podrían requerir asistencia pública en Estados Unidos.
La decisión fue emitida por la jueza de distrito Jeannette Vargas, quien determinó que la medida resulta contraria a la ley y excede la autoridad legal otorgada al Ejecutivo. En su fallo, la magistrada precisó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones al disponer la denegación categórica de visados a solicitantes elegibles sin contar con un fundamento legal, vulnerando la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Asimismo, la resolución judicial subrayó que la medida restaba competencia a los funcionarios consulares, a quienes el Congreso otorgó la facultad y discreción exclusivas para evaluar los criterios de elegibilidad de cada candidato. La demanda fue interpuesta por dos organizaciones sin fines de lucro y once particulares, entre los que figuran personas afectadas por la denegación de visados a sus familiares y solicitantes de visas basadas en el empleo.
Tras la sentencia, representantes del Departamento de Estado defendieron la aplicación de estrictos estándares de verificación para la protección del país, al tiempo que declinaron emitir comentarios adicionales sobre el litigo en curso.
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